El Amicus Curiae y el derecho de acceso a la justicia en causas ambientales

26 April 2013 | News story

Hugo Echeverría, miembro de la Comisión Mundial de Derecho Ambiental de la UICN habla sobre la propuesta de incluir al Amicus Curiae en el proyecto de Código Orgánico Integral Penal Ecuatoriano, presentada al pleno de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional hace algunas semanas.

En 2008, varios medios de comunicación de Ecuador informaron sobre el caso de un turista que intentó salir del país con 741 tarántulas en su equipaje de mano. Las autoridades sustanciaron una causa judicial en este caso -la primera sobre esta materia- y Hugo Echeverría presentó un Amicus Curiae para aportar argumentos sobre el marco jurídico especializado aplicable a este caso. En esa misma línea, desde el año 2010 y con el apoyo de varios actores, incluyendo el Comité Ecuatoriano de la UICN, este abogado ambientalista ha presentado escritos de Amicus Curiae en varias causas judiciales ambientales sustanciadas en Galápagos, primer patrimonio natural de la humanidad.

La experiencia acumulada en este tiempo, que ratifica la importancia del Amicus Curiae como mecanismo de acceso a la justicia, motivó la presentación de una propuesta normativa para incorporar al Amicus Curiae en la legislación ambiental ecuatoriana. La propuesta fue presentada el pasado 28 de marzo del 2013 y, el 10 de abril del 2013, el pleno de la Comisión Especializada de Justicia de la Asamblea Nacional recibió en audiencia a los proponentes: Centro Ecuatoriano de Derecho Ambiental, CEDA y miembros de sociedad civil del Comité Ecuatoriano de la UICN.

El Amicus Curiae es un instrumento que permite a cualquier persona el acceso a una corte de justicia para aportar razonamientos jurídicos o interdisciplinarios en pro de la tutela judicial efectiva de intereses públicos como el ambiental y, en el caso del Ecuador, en pro de los derechos de la naturaleza. Como tal, posee un potencial enorme para canalizar y catalizar el derecho a la participación, conforme establecen la Constitución ecuatoriana y el Principio 10 de la Declaración de Río, asegura Echeverría.

Debido a que el Derecho Ambiental es una disciplina jurídica relativamente nueva, su vasto universo normativo no siempre está al alcance de todos: ¿qué significa que una especie esté enlistada en uno de los Apéndices de CITES? ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la declaratoria de un espacio natural como patrimonio natural de la humanidad? Para analizar a fondo estos y otros planteamientos -cada vez más frecuentes en cortes de justicia- la sociedad civil puede aportar criterios jurídicos o interdisciplinarios especializados.

Echeverría explica que aunque el Amicus Curiae no requiere de ley para su reconocimiento, por su origen constitucional; el establecimiento de pautas legales sí ayudaría a su mejor aplicación en ámbitos procesales, como el penal ambiental. Por ejemplo, ¿en qué momento se puede presentar un escrito de Amicus Curiae; o, cuántas veces se puede presentar dentro de un mismo caso?

Para el experto en Derecho Ambiental, este instrumento debe ser valorado en tanto provea argumentos jurídicos idóneos, que coadyuven a una mejor decisión en causas tan especializadas como las ambientales.
“El amicus no reemplaza, ni compite, ni mucho menos afecta a las partes procesales ni a la independencia judicial; solo contribuye con argumentos en pro de interés público”, resalta Echeverría. 

Otros vínculos de interés:

 http://www.ceda.org.ec/contenidos.php?id=749&tipo=2&idioma=1

http://www.asambleanacional.gob.ec/201304109726/noticias/boletines/silvia-salgado-amplio-objetivos-de-su-propuesta-de-crear-un-ente-de-coordinacion-entre-la-asamblea-y-parlamentarios-andinos.html
 


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