IUCN - Legalidad, sostenibilidad y buena gobernanza forestal ¿son posibles en América del Sur?

Legalidad, sostenibilidad y buena gobernanza forestal ¿son posibles en América del Sur?

05 July 2013 | News story
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Blady Nhaydú Bohórquez C., TRAFFIC América del Sur, Coordinadora Proyecto. “Apoyando la aplicación del Plan de Acción FLEGT de la UE en América del Sur”. Colombiana, Ingeniera Forestal, con una maestría en Gestión Ambiental y experiencia profesional de más de 15 años en temas como manejo sostenible de bosques, gobernanza forestal, control y vigilancia, entre otros. 

Actualmente y en diferentes escenarios se habla de legalidad, sostenibilidad y buena gobernanza forestal, pero pocas veces se logra entender cómo estos tres conceptos se conjugan entre sí; es más, cómo siendo tan diferentes son complementarios y necesarios para la subsistencia de nuestros bosques y la garantía de la vida en el planeta.

Hablar de legalidad implica cumplir la normativa de un país; de manera particular, la ilegalidad forestal ocurre cuando se tala los bosques vulnerando las normas existentes sobre el uso de los mismos, bien sea en el sitio de su aprovechamiento o a lo largo de la cadena productiva; es decir desde la extracción y el transporte hasta la transformación y la comercialización, tanto para el consumo interno como para la exportación.

La ilegalidad forestal trae consecuencias negativas: genera deforestación y pérdida de biodiversidad de los ecosistemas. Afecta a los diversos actores; por ejemplo a las comunidades que viven del bosque, también a los Estados por evasión de impuestos. Todas estas situaciones se observan en los países de América del Sur.

Por otra parte, el concepto de sostenibilidad forestal sólo se logra bajo esquemas que busquen el equilibrio entre lo social, lo ambiental y lo económico, lo cual no es fácil de alcanzar puesto que casi siempre priman el interés del desarrollo económico y en algunos casos los beneficios sociales que se derivan del uso de los bosques, desconociendo el sinnúmero de bienes y servicios ecosistémicos que los mismos prestan a la sociedad.

Es necesario establecer que la sostenibilidad va más allá de la legalidad, puesto que implica acciones dirigidas a la permanencia de los ecosistemas boscosos en el tiempo, en cantidad y calidad. Indudablemente, uno de los requisitos necesarios para poder avanzar hacia la sostenibilidad es el cumplimiento de la legalidad; sin embargo, la legalidad por sí misma no conlleva al cumplimiento de criterios que persiguen mantener y en algunos casos mejorar aspectos económicos, sociales y ambientales del uso y la conservación de estos ecosistemas, ni mucho menos el mantener su estructura y función a largo plazo.

El tema de gobernanza, al igual que los dos anteriores, es complejo: para algunos es lo mismo que gobernabilidad, para otros va más allá del concepto de gobernar. La gobernanza forestal se define como un conjunto de procesos y procedimientos en donde confluyen los actores del sector público, privado y sociedad civil, a fin de tomar decisiones sobre el bosque y para el bosque en forma participativa y de manera concertada, entendiendo además que es la única forma de llegar a la sostenibilidad de cualquier tipo de ecosistema boscoso ubicado en cualquier lugar del planeta.

En los últimos años, la gobernanza forestal tomó auge como un enfoque innovador que, de ser aplicado, permite en el mediano y largo plazos la sostenibilidad, la legalidad y la apropiación social en el uso, el manejo y la conservación de los ecosistemas boscosos.

Sin duda alguna, un desafío para la región es cómo poner al servicio de los ecosistemas boscosos estos tres conceptos y cómo enfrentar dificultades evidentes como la disminución de los bosques y el empobrecimiento de las comunidades asentadas en los mismos o de aquellas cuyo sustento se deriva de estos recursos.

Según datos de la FAO (2011), América del Sur mantiene un área boscosa de 864 millones de hectáreas; conservarlos y manejarlos sosteniblemente es una prioridad que se refleja en el aumento en la designación de bosques para la conservación. Sin embargo, en el mismo informe, se señala que en esta región los bosques han experimentado una disminución de más de medio millón de hectáreas por año entre 1990 y 2010 (FAO 2011). Parte de esta pérdida se debe a la tala ilegal, a esquemas de extracción no sostenible y a deficiencias en la gobernanza forestal.

Hay que tener en cuenta que a mayor cobertura boscosa en un país, mayores son los desafíos a enfrentar para su uso y manejo adecuados.

En América del Sur los tres países con mayor cobertura de bosques son Brasil, Perú y Colombia. Estos tres países manejan bosques ubicados principalmente en zonas de difícil acceso para un manejo y control adecuados por parte del Estado. En los tres casos, los bosques son hábitat de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas que intentan sobrevivir a realidades complejas, contrarias a sus costumbres ancestrales; en los tres casos, los bosques han sido objeto de tráfico ilegal de madera y de reducción de su extensión para dar paso al avance de la frontera agropecuaria.

A pesar de lo anterior, el panorama no es desolador. Cada país de América del Sur muestra avances legalidad, sostenibilidad y gobernanza. Algunos cuentan hoy con experiencias relevantes para transmitir al resto del mundo; unos con más aciertos que otros, pero en general, todos se encuentran en un proceso constante de cambio y una tendencia a conocer mejor sus ecosistemas boscosos y buscar formas mejores de conservarlos y usarlos de manera sostenible.

Se destacan los avances tecnológicos desarrollados por Brasil para lograr la trazabilidad de la madera y el control de origen de la misma; el desarrollo de sistemas integrados de control en Bolivia; la experiencia de acuerdos voluntarios contra la madera ilegal a través del Pacto Intersectorial por la Madera Legal en Colombia; el diseño y la implementación de incentivos forestales para reducir la tala ilegal, conocido como Socio Bosque en Ecuador; la experiencia de más de 20 años de manejo de concesiones forestales y veedurías indígenas en Perú; los sistemas de guías electrónicas de Venezuela y las mejoras en transparencia y control forestal nacional a través de sistemas de gestión integrados en Chile; entre otras.

Por otro lado y  favorablemente, los mercados a nivel global están cambiando hacia la implementación de requisitos que permitan determinar la legalidad y la trazabilidad de la madera. Estos cambios se observan en reglamentaciones como la Ley Lacey de Estados Unidos, Reglamento relativo a la comercialización de madera de los 27 países que conforman la Unión Europea (UE) y la reglamentación Australiana (Ley de prohibición de la tala ilegal 2012); entre otros.

Frente a esto, surge una oportunidad interesante para la región: la posibilidad de conjugar los tres conceptos a través del Plan de Acción FLEGT de la Unión Europea (Forest Law Enforcement, Governance and Trade). El plan interviene en el mercado global de madera combinando acciones para países productores y consumidores, a fin de facilitar el comercio de madera legal y sostenible. Cabe anotar que la Unión Europea es uno de los mayores consumidores de maderas tropicales que, en muchos casos, provienen de países que tienen problemas para la aplicación de sus leyes y débiles sistemas de gobernanza forestal.

Pero, existe un reto adicional para todos los ciudadanos/as: cómo aportar con un grano de arena al manejo forestal sostenible y cómo lograr que la presión social genere resultados contundentes, desde la individualidad. Pregunto entonces, “cuando Usted, señor lector, compra madera, artículos de madera o derivados de ésta, se pregunta alguna vez ¿de dónde viene ese producto?, aún más ¿reflexiona sobre la posibilidad de que su compra esté con el empobrecimiento de comunidades y agotamiento de los bosques?.

Este artículo forma parte de la revista electrónica de UICN-Sur, Conservación Ahora. Julio 2013.

 


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