Justicia climática

10 October 2009 | News story
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El Ministro de Relaciones Exteriores de Maldivas, S.E. Dr. Ahmed Shaheed considera que ya es tiempo de que el mundo aborde las repercusiones del cambio climático sobre los derechos humanos.

Es ampliamente reconocido que el cambio climático tiene profundas repercusiones negativas sobre el disfrute pleno de los derechos humanos. Desde los nuevos riesgos para la salud hasta la migración masiva, desde la amenaza al suministro de alimentos y agua hasta la desaparición de medios de subsistencia y culturas, el calentamiento global socava una amplia gama de derechos humanos protegidos internacionalmente.

Siguiendo el ejemplo del Caso de los inuit contra los EE.UU, de 2005, y la Declaración deMalé de los Pequeños Estados Insulares, de 2007, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó dos resoluciones que declaran que el calentamiento global "crea una amenaza inmediata y de gran alcance para la población y las comunidades de todo el mundo y tiene repercusiones sobre el pleno disfrute de los derechos humanos."

El reconocimiento formal de la relación entre derechos humanos y cambio climático es sumamente importante para ambas esferas de las políticas.

Con respecto a las políticas sobre cambio climático, demuestra que el cambio climático tiene consecuencias humanas reales y mensurables y ayuda a ponerlas en un marco de responsabilidad, rendición de cuentas y justicia. En particular, un enfoque de derechos humanos ayuda a destacar la profunda injusticia de una situación en la que los pobres, vulnerables y débiles en algunas partes del mundo pagan los costos inaceptables del afán de riqueza en otras partes más privilegiadas.

En cuanto a las políticas de derechos humanos, las repercusiones de vincular el disfrute de libertades fundamentales con los daños del cambio climático resultan aún más profundas.

Como aducen muchos países desarrollados, resulta casi imposible aseverar que el cambio climático viola los derechos humanos de las personas en países vulnerables. Esto se debe a que jurídicamente es sumamente difícil conectar el daño específico en un país (por ejemplo, que la casa de alguien se caiga al mar en lasMaldivas) con un acto específico en otra parte del mundo (por ejemplo, la decisión de una fábrica estadounidense de aumentar su producción y en consecuencia, las emisiones).

Estas sutilezas jurídicas son inaceptables para el pueblo inuit de América del Norte, o la población de lasMaldivas, las IslasMarshall, Tuvalu y Vanuatu que arriesgan perder todo su suelo natal y con ello toda su cultura. ¿Podemos decirles que sus derechos humanos no han sido violados porque es difícil asignar responsabilidades? Si tenemos que hacerlo, seguramente es porque la ley está equivocada y no nuestros instintos de equidad y justicia.

Quizás sea necesario resaltar la insuficiencia del actual derecho internacional de los derechos humanos en el contexto del mundo moderno y globalizado para precisar la gran importancia a largo plazo de vincular los derechos humanos y el cambio climático. Entonces, ¿cómo debe responder el mundo ante esta insuficiencia?

En primer lugar, al confirmar que el cambio climático tiene repercusiones significativas para los derechos humanos, el Consejo de Derechos Humanos indirectamente ha atraído la atención a un vacío considerable en las convenciones internacionales sobre derechos humanos: la falta de un derecho explícito a un medio ambiente seguro y protegido. El cambio climático en sí no afecta directamente los derechos humanos. Más bien, el calentamiento global causa cambios ambientales que a su vez afectan los derechos humanos. Así, para proteger debidamente los derechos humanos, que dependen de un medio ambiente seguro y protegido, la comunidad internacional debe considerar los méritos de declarar 'derechos ambientales' en el plano internacional.

Este paso tendría grandes repercusiones para las políticas y la responsabilidad de los gobiernos y por este motivo la idea es controvertida. Pero quizás el cambio climático, una de las principales manifestaciones ambientales de la globalización, exige dar atención renovada a la brecha entre las políticas internacionales sobre derechos humanos y las políticas internacionales sobre el medio ambiente.

Sin embargo, una declaración universal del derecho a un medio ambiente de cierta calidad, aunque ayudaría a abordar el cambio climático, no sería suficiente en sí. Podría ayudar a las personas a exigir a sus gobiernos que rindan cuentas de la degradación ambiental, pero es poco probable que sea de gran ayuda en casos como, digamos, el de las Maldivas, donde la responsabilidad recae fuera de las fronteras del Estado. Para que alguien en las Maldivas pruebe que sus derechos han sido vulnerados como resultado del cambio climático y obligue a los responsables a rendir cuentas, sería necesaria una reconfiguración masiva del derecho internacional de los derechos humanos tal como se le entiende hoy: esencialmente, un contrato entre un Estado y sus ciudadanos. Como señala el Consejo Internacional para el Estudio de los Derechos Humanos, "más que otras cuestiones, el cambio climático pone de relieve las insuficiencias del sistema internacional de justicia, dada la escala e intimidad de la interdependencia global que fomenta el problema y que también debe fomentar sus soluciones."

LasMaldivas, al igual que otros países vulnerables, esperan que a partir de diciembre, cuando los líderes del mundo se reúnan para convenir un nuevo acuerdo global post Kyoto sobre el cambio climático, ya no será necesario hablar de marcos jurídicos, responsabilidades y reparaciones, y violaciones a los derechos humanos. Esperamos que el acuerdo que alcancen ponga fin al peligroso cambio climático antropogénico y al hacerlo, imparta justicia climática para los pobres y vulnerables del mundo. Sin embargo, este resultado parece poco probable. Por lo tanto es importante para quienes tengamos interés en el medio ambiente y en la justicia social considerar nuevos enfoques como los sugeridos previamente.
Estos enfoques podrían resultar infructuosos en si mismos, pero si generan una mayor sensación de urgencia, dan poder a los vulnerables o a quienes no tienen voz, y crean un sentido de responsabilidad entre los encargados de la toma de decisiones, entonces ciertamente vale la pena intentarlos. 


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